El equipo de gobierno local del PP sacó ayer adelante con los votos en contra del PSOE el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regirá el crecimiento de la ciudad para los próximos 25 años y que propone una ciudad «moderna, sostenible y compacta», como destacó el delegado de Urbanismo, Alfonso Mendoza, quien defendió ante la oposición el documento y la negativa municipal a exponerlo por tercera vez al público. El nuevo planeamiento, que contempla 12,5 millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbanizable, diseña un desarrollo urbano en altura y no a lo ancho, pues promoverá los edificios colectivos frente a los bungalows y otras viviendas unifamiliares, como aseguró Mendoza.
El delegado de Urbanismo incidió en que se evitarán «núcleos aislados de crecimiento» y que un 41% del suelo será protegido, lo que en 2036 «situará a Alicante como una de las ciudades de mayor porcentaje de zonas verdes por habitante de toda Europa». Por su parte, el portavoz del grupo municipal socialista, Roque Moreno, criticó que el documento urbanístico más importante de la ciudad no se exponga al público por tercera vez y advirtió que «se corre el riesgo de que los tribunales anulen el procedimiento», pues el socialista entiende que los cambios introducidos en la última revisión son de calado pese a que desde el PP sostienen lo contrario y consideran que ese trámite sólo retrasaría más la aprobación del PGOU, que comenzó a redactarse hace ya once años. Moreno también denunció que desde su grupo apenas han tenido una semana para estudiar la documentación y criticó que el Plan General «ignore el plan de Rabasa».
Además del Plan General, otro asunto de actualidad marcó el pleno municipal: los recortes del Gobierno central. Desde el PP presentaron una declaración institucional para exigir a Zapatero que rectificase las medidas para reducir el gasto y permitiese al Ayuntamiento pedir créditos, que salió adelante con el voto en contra del grupo municipal socialista. La batalla dialéctica la inició el edil de Hacienda, Juan Zaragoza, quien instó a los socialistas locales a «pedir a Zapatero que dimita» y consideró innecesario «los 500.000 euros diarios que cuesta la presidencia española de Europa». El portavoz adjunto del PSOE, Javier Macho, recogió el testigo y aludió a la época de presidencia de José María Aznar. La alcaldesa quiso intervenir para reclamar al PSOE «que mire por los ciudadanos y no por los intereses de partido». Y en todo el ir y venir de exigencias y acusaciones, no hubo mención alguna a la posible rebaja del sueldo de los concejales.
Críticas a la FEMP
La alcaldesa, Sonia Castedo, aprovechó la mención a la Federación Española de Municipios y Provincias para repetir en tres ocasiones, que «el Ayuntamiento de Alicante no se siente representado» por esta institución «por los ataques a la financiación» de los consistorios.
Oposición de EU y la PIC
Esquerra Unida denunció «la opacidad e insostenibilidad» del nuevo PGOU así como «la falta de participación ciudadana» por la que exigirá al Consell que ordene un tercer periodo de exposición pública. En ello coinciden desde la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, que considera que el plan «no cose las dos ciudades existentes ni la hace compacta».
